Denunciantes cubanos enfrentan sanciones

Los cubanos que trataron de denunciar la corrupción y la ineficiencia en el servicio de ambulancias de Cuba dicen que fueron despedidos, acosados y tenían sus salarios retenidos por hablar.

En junio, Idalmis González Castillo, ex-directora de una importante estación de ambulancias de la capital, La Habana, envió un informe al Consejo de Estado, el órgano legislativo de Cuba, en la que expuso los enormes problemas en el sistema de respuesta de emergencia.

Al mes siguiente, González Castillo fue la fuente principal de un reportaje de investigación publicado en Diario de Cuba, un sitio de noticias con sede en el extranjero, en donde afirmaron que las ambulancias estaban en mal estado, el equipo médico a menudo era robado y la respuesta a las emergencias, a veces, tomaba 12 horas. Funcionarios de los servicios de salud fueron acusados de mala gestión y corrupción en el informe.

González Castillo, cuya unidad de ambulancias “Base Centro” atiende alrededor de 600, 000 personas en La Habana, dijo que tan pronto como apareció la historia, fue convocada al Ministerio de Salud y le pidieron retractarse de sus comentarios. Fue interrogada por oficiales del Departamento de Investigaciones de la oficina provincial de servicios de emergencia.

“Tenían un impreso de Diario de Cuba encima del buró de donde sacaban las preguntas que me hacían”, declaró la ex-directora. “Les dije que lo mismo que había declarado a la prensa, estaba escrito en el informe entregado al Consejo de Estado”.

Las autoridades interrogaron a González Castillo acerca de sus vínculos con la prensa independiente con sede fuera de Cuba.

Como resultado de ello, a González Castillo le fue retenido el salario de un mes y perdió su trabajo. Su cuenta de correo electrónico fue cerrada y las autoridades le dijeron que habían extraviado su expediente personal. Ella lo ve como una forma adicional de intimidación, ya que ante la falta de estos documentos, será más difícil para ella encontrar otro trabajo.

Los colegas que apoyaron el intento de González Castillo para exponer las deficiencias y actos de corrupción, también se metieron en problemas. Varios fueron despedidos o tuvieron recortes salariales por parte de un tribunal laboral.

Pedro García Hernández, un conductor de ambulancia y paramédico, dijo que estaba esperando una entrevista en el Ministerio de Salud por haber dado a los periodistas independientes los nombres de los directores de servicios de emergencia a los que acusó de corrupción.

Maricela Ortega Montalvo, una enfermera que se opuso públicamente a la suspensión de González Castillo, tenía 25 por ciento de su salario anual retenido, supuestamente debido al tiempo empleado en horas de trabajo para obtener medicamento para la migraña. Esta decisión fue posteriormente revocada.

Oslendi Hernández Ortega, quien trabaja en la unidad de ambulancias Base Centro que González Castillo había dirigido, también tenía una cuarta parte de su salario retenido, aunque posteriormente fue reasignado.

El paramédico Luis Alberto Romero González, esposo de Montalvo, fue despedido.
La administradora de la unidad Base Centro, Carmen Julia Araugo, que apoyó el informe sobre la corrupción, también fue despedida, supuestamente porque había mentido sobre sus estudios. Kenia María Puebla, una enfermera vinculada a la administración de González Castillo, fue transferida a un puesto con un salarios inferior.

Abogados laborales involucrados en el caso, dijeron que las sanciones impuestas al personal de las ambulancias no podía justificarse bajo ninguna ley.

El Ministerio de Salud eventualmente estuvo de acuerdo en que los castigos que impuso el tribunal laboral no tenían base legal, pero aparte de la reasignación de algunos salarios caídos, no ha tomado ninguna otra acción para rescindir los castigos o restablecer a los trabajadores despedidos.

Augusto César San Martin Albistur es un periodsta independiente en Cuba.